Fuente: Prensa de Minminas.
El prolongado paro minero en Boyacá, que mantuvo en vilo a la región con bloqueos y movilizaciones, ha llegado a su fin. Tras intensas jornadas de diálogo social en Paipa, el Gobierno Nacional y los líderes de la pequeña minería de carbón lograron importantes acuerdos, marcando un hito en la búsqueda de soluciones concertadas para uno de los sectores más desafiantes del país.
La movilización, que inició el 4 de agosto de 2025 y afectó también a Cundinamarca, no solo incluyó a mineros, sino también a parameros, reflejando la complejidad de las demandas socioambientales.
Entre los puntos cruciales que permitieron destrabar el conflicto, se destaca la construcción de una hoja de ruta para una transición energética justa. Este compromiso es vital para los pequeños mineros, quienes temían que la política de descarbonización y la delimitación de páramos los dejara sin sustento o incluso “criminalizara” su actividad.
La hoja de ruta busca garantizar que la adaptación hacia energías más limpias incluya programas de reconversión laboral, la implementación de tecnologías más eficientes y la búsqueda de mercados alternativos para el carbón, asegurando que la transformación energética sea inclusiva y genere “empleos verdes”, como lo ha promovido el Ministerio de Minas y Energía.
Adicionalmente, se lograron avances significativos en la capitalización de Gensa, la empresa generadora de energía en la que el Estado tiene participación mayoritaria. Este progreso financiero es clave para fortalecer la capacidad operativa y de inversión de la empresa, lo que a su vez podría estabilizar el suministro energético y mejorar las condiciones comerciales para la adquisición de carbón de los pequeños mineros, en línea con los planes de la compañía.
Finalmente, un aspecto de gran relevancia social fue el reconocimiento y la dignificación de 15 pequeños mineros. Este paso, aunque simbólico en número, abre la puerta a la formalización de títulos, acceso a seguridad social y apoyo técnico y financiero para un sector históricamente marcado por la informalidad y la precariedad.
El ministro Edwin Palma enfatizó que el acuerdo fue producto de la “voluntad política” de ambas partes, demostrando la disposición del gobierno a escuchar y negociar. La resolución del paro no solo normaliza la situación en Boyacá, sino que sienta un precedente importante para el manejo de conflictos socioambientales en Colombia, priorizando el diálogo y el respeto al derecho a la protesta como mecanismos para construir acuerdos duraderos.