El programa “Familias Guardabosques”, una iniciativa que busca vincular a comunidades rurales en la protección de bosques y la sustitución de cultivos ilícitos, está a solo dos debates de ser aprobado como Política Pública de Estado. Este proyecto busca revivir una política implementada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que en su momento promovió la participación de familias campesinas en labores de conservación ambiental y sustitución de cultivos ilegales.
La propuesta llega en un contexto crítico: las políticas actuales de erradicación de cultivos ilícitos y sustitución voluntaria han enfrentado numerosos obstáculos, desde limitaciones presupuestales hasta la falta de confianza de las comunidades rurales. En varias regiones del país, la siembra de coca y otros cultivos ilegales continúa aumentando, lo que genera un clima de inseguridad y conflicto social.
Los defensores de “Familias Guardabosques” argumentan que el programa no solo busca la reducción de cultivos ilícitos, sino también garantizar desarrollo rural sostenible, mediante incentivos económicos, educación ambiental y acompañamiento técnico a las familias que decidan reemplazar estos cultivos por alternativas legales.
Por otro lado, críticos señalan que la efectividad del programa dependerá de su implementación, el control social y el financiamiento constante, y advierten que sin una coordinación sólida con las comunidades y las autoridades locales, la iniciativa podría enfrentar los mismos problemas que políticas anteriores.
El paso por los dos debates restantes será clave para definir si “Familias Guardabosques” se consolida como una estrategia de Estado a largo plazo o se queda como un proyecto piloto sin continuidad en el tiempo.