Explotación laboral… pero del Estado: la paradoja de los contratos bajo Petro.

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Cuando Gustavo Petro era candidato a la presidencia, prometió que acabaría con los contratos de prestación de servicios durante su gobierno.

De hecho, en la reforma laboral, una de las preguntas de la consulta propone eliminar esos contratos y que se le otorgue al trabajador un contrato a término indefinido para garantizar mayor estabilidad laboral.

Pero, ¿qué pasa si te digo que, desde que Petro está en el gobierno, estos contratos de prestación de servicios han aumentado un 40%?

Un contrato de prestación de servicios es un acuerdo laboral temporal con una persona que trabaja para el Estado pero no es empleado público. Este trabajador debe pagar su propia seguridad social, y en cualquier momento pueden terminar su contrato, que además muchas veces no es renovable.

La ventaja de estos contratos para el empleador es que puede contratar a un trabajador rápidamente, sin muchos requisitos y, sobre todo, sin tener que pagarle todos los beneficios que exige la ley, como primas, liquidaciones, vacaciones y seguridad social.

Incluso Gustavo Petro, desde el gobierno, ha dicho que estos contratos son una forma de explotación laboral por parte de las empresas privadas. Sin embargo, curiosamente, no menciona que el mismo gobierno y las entidades públicas también los utilizan.

Solo en 2024, el gobierno firmó 63,000 de estos contratos por prestación de servicios, mientras que en el gobierno de Duque (2021) se firmaron 45,000.

Y esto aplica para todas las entidades del Estado: el DANE, la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Además, el gobierno de Petro ha gastado más dinero en estos contratos que los gobiernos anteriores: mientras que Duque gastó 8.3 billones, este gobierno ya lleva 9.7 billones.

Lo más contradictorio es que estamos en una crisis fiscal donde el gobierno alega no tener dinero, al punto de querer adelantar impuestos de 2026 para este año.

Para rematar, los contratos de prestación de servicios bajo el gobierno Petro duran en promedio 211 días, mientras que en el gobierno de Duque duraban 230 días y en el de Santos, 234 días.

Así que resulta muy hipócrita que, mientras el gobierno de Petro critica estos contratos en el sector privado, sea uno de los que más los utiliza.