Fuente: El Espectador.
Carlos Ramón González, quien alguna vez ocupó el influyente cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), se encuentra nuevamente en el ojo del huracán judicial y mediático.
La razón: la aparente renovación de su residencia en Nicaragua, un hecho que cobra especial relevancia mientras el exfuncionario enfrenta una seria investigación por corrupción en Colombia.González, se presume, ha estado residiendo en territorio nicaragüense desde el pasado mes de marzo.
Esta estancia en el extranjero se produce en un momento crítico, dado que en su país natal es objeto de una pesquisa por presuntas irregularidades vinculadas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las acusaciones que pesan sobre él incluyen soborno, peculado y lavado de activos, delitos de gran envergadura que han capturado la atención pública.
La información sobre su situación migratoria en Nicaragua fue revelada por Noticias RCN el pasado 14 de agosto. El medio de comunicación divulgó imágenes de lo que parecen ser documentos clave en este entramado: una solicitud de la embajada colombiana en Nicaragua para la renovación de la residencia de González, una carta de respuesta favorable emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua, y una copia de su documento de identidad.
Estos papeles, de confirmarse su autenticidad, ofrecerían una prueba fehaciente de su estatus migratorio.
Un detalle que no ha pasado desapercibido es la sorprendente coincidencia de fechas. La renovación de la residencia de González en Nicaragua, con vigencia hasta el 21 de mayo de 2025, coincide precisamente con la fecha en que la Fiscalía General de Colombia le imputó formalmente los cargos antes mencionados. Esta simultaneidad plantea interrogantes sobre los movimientos y decisiones del exdirector del DAPRE en medio de un proceso judicial tan sensible.
Por su parte, la defensa de Carlos Ramón González en Colombia, consultada por El Espectador, ha manifestado no tener ninguna implicación ni conocimiento en el proceso de renovación de la residencia de su cliente. Esta declaración añade una capa de misterio a la situación, dejando abierta la pregunta sobre quién o quiénes gestionaron dicha renovación y con qué propósito.
El caso de González, entre el escrutinio judicial y la controversia migratoria, continúa siendo un tema central en la agenda noticiosa colombiana.