Un juez español ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el presunto delito de malversación de fondos públicos. Esta acusación marca una escalada en la confrontación entre el ejecutivo y el poder judicial en España.
La investigación se centra en la posible desviación de recursos públicos relacionados con la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y su vinculación con la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según los informes, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Gómez el 11 de septiembre, y a Álvarez el 10 de septiembre, como parte de las diligencias.
Esta imputación por malversación se suma a otras investigaciones previas contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros cargos. El Código Penal español define la malversación como la apropiación o uso indebido de fondos públicos, con penas que pueden incluir prisión y descalificación.
El presidente Pedro Sánchez ha calificado estas acciones judiciales como parte de una estrategia de “lawfare” o guerra judicial, diseñada para desestabilizar a su gobierno. A pesar de que la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de irregularidades en algunas de las acusaciones iniciales, y de reveses judiciales anteriores, la investigación en torno a Begoña Gómez ha continuado y se ha ampliado con esta nueva imputación.
Este desarrollo legal añade una nueva capa de complejidad a la situación política en España, ya marcada por otros casos de corrupción que afectan a figuras destacadas del partido en el gobierno. La evolución de este proceso judicial y la atención mediática que genera prometen mantener el “caso Begoña Gómez” como un punto central en el panorama político nacional.