Lo que comenzó como un retén militar en Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024 terminó convirtiéndose, dieciséis meses después, en la mayor crisis institucional del gobierno de Gustavo Petro.
Aquel día fueron decomisados computadores, celulares y memorias USB a alias “Calarcá” (Alexander Mendoza Díaz), jefe del Frente 36 de las disidencias de las Farc, y a varios de sus hombres. Viajaban en camionetas blindadas de la UNP y fueron liberados horas después por ser “gestores de paz”. Los dispositivos, sin embargo, quedaron en poder de la Fiscalía General de la Nación.
Durante 16 meses no pasó absolutamente nada.
Hasta que el sábado 23 de noviembre de 2025 la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló, tras casi un año de trabajo, el contenido de esos archivos: miles de chats, cartas, fotografías y audios que, según el medio, demuestran una red de infiltración de las disidencias en el corazón del Estado.
Los nombres que aparecen sin rodeos:
• General (r) Juan Miguel Huertas Hernández, actual jefe del Comando de Personal del Ejército y reintegrado por Petro en 2023.
• Wilmar Antonio Mejía, hombre fuerte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y señalado como “el Chulo” en los mensajes internos.
• Referencias a pactos de no agresión, filtración de operaciones militares, entrega de hojas de vida de oficiales para aprobación de Calarcá y hasta la propuesta de crear una “empresa legal de seguridad” como fachada.
En uno de los documentos más comprometedores, fechado el 8 de febrero de 2024, un guerrillero reporta a Calarcá una reunión en Bogotá con el general Huertas para avanzar en ese proyecto.
Las respuestas oficiales
El presidente Gustavo Petro calificó el informe como “falso” y lo atribuyó a un “montaje de la CIA” para desestabilizar su gobierno.
La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en chats de alias “Mordisco” como posible intermediaria en aportes de disidencias a la campaña del 2022, aseguró que “no existe ninguna prueba fehaciente” y habló de “calumnias racistas”.
La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en chats de alias “Mordisco” como posible intermediaria en aportes de disidencias a la campaña del 2022, aseguró que “no existe ninguna prueba fehaciente” y habló de “calumnias racistas”.
La fiscal general Luz Adriana Camargo, en cambio, no desmintió nada.
En comunicado del 24 de noviembre y en declaraciones posteriores confirmó que la Dijín entregó cinco informes técnicos que sí contienen “información punible”. Admitió la inactividad de 16 meses y, solo después de la publicación de Caracol, ordenó:
• Intervención inmediata de la Delegada contra la Criminalidad Organizada.
• Compulsación de copias a la Corte Suprema contra el general Huertas.
• Apertura formal de líneas por cooptación del Estado y posible financiación ilícita de campañas.
Reacciones en cadena
• La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Huertas y Mejía.
• Estados Unidos exigió una “revisión profunda” de las acusaciones.
• La oposición radicó denuncia penal contra la fiscal Camargo por presunto prevaricato por omisión.
• El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció pesquisa interna en la Fuerza Pública.
El país se pregunta
¿Por qué la Fiscalía tuvo pruebas de posible infiltración criminal en el Ejército y la inteligencia durante más de un año sin actuar?
¿Hasta dónde llega la red de Calarcá dentro del Estado?
¿Puede sobrevivir la política de Paz Total cuando los “gestores de paz” aparecen, según los archivos, protegidos y conectados con altos funcionarios?
Por primera vez en este gobierno, la Fiscalía y el presidente dicen cosas opuestas sobre el mismo expediente.
Y Colombia espera que alguien, por fin, dé respuestas que no duelan más que el silencio.