La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias preprocesales abiertas contra el cantante Julio Iglesias, tras una denuncia por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos, vejaciones y malos tratos laborales presentada por dos exempleadas. La decisión, emitida este viernes, se basa exclusivamente en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, sin entrar en el fondo de las acusaciones.
Los hechos denunciados: Acusaciones desde el Extranjero
La denuncia fue interpuesta el 5 de enero de 2026 por la organización Women’s Link Worldwide en nombre de dos mujeres extranjeras –una empleada de hogar y una fisioterapeuta– que trabajaron para Iglesias en sus residencias en República Dominicana y Bahamas durante 2021. Según las afectadas, identificadas como Rebeca y Laura en reportajes periodísticos, sufrieron tocamientos no consentidos, insultos, humillaciones y condiciones laborales abusivas. Las declaraciones fueron tomadas bajo protección como testigos por la Fiscalía los días previos al archivo.
Julio Iglesias, de 82 años y con una carrera icónica en la música latina, ha negado rotundamente las acusaciones a través de su defensa, calificándolas de “falsas” y motivadas por intereses económicos. El artista incluso publicó mensajes de WhatsApp en redes sociales para desmentir las alegaciones, argumentando que se trata de un intento de chantaje.
Razones del archivo: Una cuestión de competencia territorial
El decreto de archivo, firmado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. Los motivos principales son que los presuntos delitos ocurrieron íntegramente en el extranjero –específicamente en Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas–, y no existen vínculos suficientes con España para activar la jurisdicción extraterritorial.
Aunque España cuenta con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permite juzgar a nacionales españoles por delitos cometidos fuera del país bajo el principio de personalidad activa, esta norma es subsidiaria y no se aplica automáticamente. En este caso, Iglesias no reside habitualmente en España –su centro de vida está en República Dominicana desde hace décadas–, las víctimas son extranjeras y no residentes en territorio español, y no hay rechazo explícito de jurisdicción por parte de los países donde sucedieron los hechos. La Fiscalía enfatiza que los delitos “pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, priorizando el principio de territorialidad.
Esta decisión procesal se alinea con la petición de archivo presentada por la defensa de Iglesias días antes, que argumentaba la “ausencia de jurisdicción” para evitar un “grave daño reputacional” al cantante. Fuentes judiciales consultadas indican que el archivo no evalúa la veracidad de las denuncias, sino que se limita a una cuestión técnica: España no es el foro adecuado.
¿Queda Julio Iglesias libre de sospechas? Implicaciones Legales
Con este archivo, Iglesias no enfrenta actualmente ninguna investigación activa en España, lo que representa una victoria procesal para el artista. Su equipo legal ha celebrado la decisión como una confirmación de que las acusaciones no prosperarán en territorio español. Sin embargo, esto no equivale a una absolución ni a una declaración de inocencia: la Fiscalía no ha entrado en el mérito de las pruebas, por lo que las acusaciones no han sido desestimadas por falta de indicios o falsedad.
En términos prácticos, Iglesias no queda “sano” o completamente exento de riesgos legales. Las denunciantes podrían reproducir sus reclamaciones en los juzgados de República Dominicana o Bahamas, donde ocurrieron los hechos. Organizaciones como Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, que apoyan a las mujeres, han expresado su intención de explorar vías alternativas, aunque hasta la fecha no hay constancia pública de denuncias formales en esos países. Si no se presenta nada nuevo allí, el caso podría diluirse judicialmente, pero el impacto mediático y reputacional persiste.
Posibles pasos futuros: ¿Hacía una investigación internacional?
Expertos en derecho internacional consultados señalan que avanzar en República Dominicana podría ser complejo debido a barreras como costos, idioma y posibles influencias locales –Iglesias tiene fuertes conexiones en el país caribeño–. No obstante, delitos como la agresión sexual suelen tener plazos de prescripción amplios, dejando abierta la posibilidad de acciones futuras.
Este caso resalta los desafíos de la justicia transfronteriza en denuncias de violencia de género, donde la elección del foro judicial puede determinar el curso de una investigación. Mientras tanto, Iglesias continúa su vida alejado de los escenarios, enfocado en su familia y propiedades en el extranjero.