El inicio de 2026 en Colombia está marcado por una tensa espera en los despachos judiciales. El decreto del Gobierno Nacional que fijó el ingreso mensual en $2.000.000 (incluyendo el auxilio de transporte) ha dejado de ser una simple medida económica para convertirse en el centro de un litigio constitucional que podría redefinir las reglas de juego laborales en el país.
El Corazón de la Disputa
La administración de Gustavo Petro fundamentó este incremento —uno de los más significativos en la historia reciente— bajo la premisa del “salario vital”. El objetivo principal es recuperar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y dinamizar la economía a través del consumo. Sin embargo, este propósito choca frontalmente con la visión de diversos sectores técnicos y jurídicos representados en la acción judicial del exmagistrado Alejandro Linares.
Los Ejes del Debate Judicial
La tutela que busca suspender el aumento se sostiene sobre tres pilares fundamentales:
1. Vicio de Procedimiento: Se cuestiona si el Ministerio del Trabajo agotó realmente las vías de concertación con los gremios o si el decreto fue una decisión unilateral que ignoró el equilibrio exigido por la ley.
2. Sostenibilidad Empresarial: Existe una preocupación latente sobre la capacidad de las Pymes para absorber un costo operativo tan elevado sin recurrir al recorte de personal o al traslado de los costos al consumidor final (inflación).
3. Seguridad Jurídica: La intervención de un juez constitucional en una decisión de política económica genera un precedente que obliga a revisar cómo se deben negociar los salarios en el futuro.
Posibles Consecuencias
Si la justicia decide aplicar una medida cautelar y suspender el decreto, el país entraría en un terreno administrativo inexplorado. Las empresas enfrentarían el reto de ajustar nóminas ya liquidadas, y la confianza del consumidor podría verse afectada ante la incertidumbre de sus ingresos reales.