Las recientes jornadas de paro nacional en Colombia, realizadas el 28 y 29 de mayo, dejaron un escenario de tensiones y contradicciones, especialmente en torno a los bloqueos al sistema TransMilenio en Bogotá. Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán ha alzado su voz enérgicamente, anunciando una denuncia penal contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, por considerar los bloqueos un delito que vulnera los derechos de millones de ciudadanos, la CUT se mantiene firme en su postura. Arias ha defendido la interrupción de vías como una “forma” legítima de protesta social, argumentando que no constituyen un delito según interpretaciones internacionales y deslindándose de los actos de violencia o vandalismo.
Este pulso entre la administración distrital y los líderes sindicales refleja un debate profundo sobre los límites del derecho a la protesta en Colombia. A pesar de las grandes expectativas de los convocantes, la afluencia de personas a las marchas fue significativamente menor que en movilizaciones anteriores, registrando cifras modestas en ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, el impacto de los bloqueos a TransMilenio generó un amplio rechazo ciudadano y encendió las alarmas sobre la convivencia entre el derecho a la manifestación y la garantía de la movilidad y el trabajo de la población. La discusión sobre la legalidad de estas acciones y la responsabilidad de los líderes se perfila como un eje central en la agenda pública de los próximos días.