El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es, sin duda, uno de los procesos judiciales más complejos y emblemáticos en la historia reciente de Colombia. Con más de una década de desarrollo, este caso no solo ha puesto a prueba la institucionalidad del país, sino que también ha mantenido en vilo a una nación dividida por las posturas a favor y en contra de una de sus figuras políticas más influyentes.
Los Orígenes de una Controversia
Todo comenzó en 2012 con una denuncia por supuesta manipulación de testigos presentada por el propio Álvaro Uribe contra el entonces senador Iván Cepeda. Cepeda, en su momento, investigaba presuntos nexos de Uribe con grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado. En 2014, la Corte Suprema de Justicia, al indagar la denuncia de Uribe, encontró elementos que la llevaron a abrir una investigación formal en su contra por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. La evidencia apuntaba a que la denuncia original de Uribe se habría revertido en su contra debido a las irregularidades detectadas.
El Camino hacia la Acusación
La investigación avanzó, y en 2018, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a Uribe a indagatoria. Al año siguiente, en 2019, el expresidente rindió su versión, quedando formalmente vinculado a la investigación. Un momento clave ocurrió en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe Vélez tras escuchar interceptaciones telefónicas y revisar numerosas pruebas.
La renuncia de Uribe a su curul en el Senado, también en agosto de 2020, alteró el curso del proceso. Esta acción significó que la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia, pasando el caso a manos de la Fiscalía General de la Nación. Poco después, en octubre de 2020, un juez de control de garantías ordenó la libertad del expresidente mientras el proceso continuaba.
Un Juicio polémico y con tropiezos
Durante varios años, entre 2021 y 2023, la Fiscalía solicitó en repetidas ocasiones la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas sólidas para llevar a Uribe a juicio. Sin embargo, estas solicitudes fueron negadas por los jueces, quienes consideraron que existían elementos suficientes para continuar.
El punto de inflexión llegó el 9 de abril de 2024, cuando la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación formal contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Posteriormente, se añadió el delito de soborno simple. Con esta acusación, el caso finalmente pasó a manos de un juez de conocimiento, marcando el inicio formal del juicio.
Aunque la acusación formal fue en abril de 2024, algunas fuentes señalan octubre de 2023 como el inicio formal del juicio oral, con la presentación de pruebas y testimonios. Actualmente, en julio de 2025, el juicio se encuentra en sus etapas finales. La Fiscalía y la defensa han presentado sus argumentos, y se espera que la Fiscalía solicite un fallo condenatorio. La decisión final recaerá en la jueza Sandra Liliana Heredia, quien se espera que se pronuncie en julio de 2025. Las posibles penas para Uribe, si es encontrado culpable, podrían oscilar entre 6 y 12 años de prisión.Imputaciones y TrascendenciaÁlvaro Uribe Vélez está acusado en calidad de “determinador” de los delitos de soborno en actuación penal (por presuntamente ofrecer beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones o mintieran), fraude procesal (por supuestamente engañar a la justicia con pruebas y testimonios alterados), y soborno (por el pago de dinero a testigos).
Este juicio es un precedente histórico en Colombia, pues es la primera vez que un expresidente del país es llevado a juicio por la Fiscalía General de la Nación.
Su desenlace tendrá un impacto profundo en el panorama político y la credibilidad institucional de Colombia, independientemente de si la decisión final es de condena o de absolución. Sin duda, este caso seguirá siendo un tema de debate y análisis en los años venideros.