El futuro de Air-e: ¿Debe pasar a manos de Barranquilla?

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En los últimos días, el debate sobre el futuro de la empresa de energía Air-e, operadora del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha vuelto a ocupar la agenda pública. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, junto con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, plantearon la posibilidad de que la empresa sea asumida por la administración local y regional, tras un año de intervención por parte del Gobierno nacional sin que se solucionen de fondo los problemas del servicio.

La propuesta de Char y Verano

La idea presentada al presidente Gustavo Petro consiste en que el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico compren Air-e o asuman su operación. Argumentan que los entes territoriales han demostrado experiencia administrando servicios públicos —como el agua, el alcantarillado y el alumbrado público— y que podrían ofrecer un servicio más eficiente, con mejores tarifas y mayor cercanía a los usuarios.

¿Es posible que el Distrito asuma Air-e?

En términos legales, sí es posible. La Ley de Servicios Públicos permite que los municipios y departamentos creen empresas públicas o mixtas para prestar este tipo de servicios. De hecho, existen antecedentes exitosos en Colombia: Empresas Públicas de Medellín (EPM) es propiedad del municipio de Medellín y es hoy una de las empresas de energía más sólidas de América Latina.

Sin embargo, en la práctica no es sencillo. Air-e no atiende solo a Barranquilla, sino también a Magdalena y La Guajira, lo que hace complejo dividir la operación. Para que Barranquilla asumiera únicamente su mercado, la CREG tendría que rediseñar el esquema regulatorio, separando las redes y contratos por territorios, y el Gobierno nacional tendría que buscar un nuevo operador para los otros departamentos.

De allí surge la propuesta de que la gestión sea regional, es decir, compartida entre el Distrito de Barranquilla y las gobernaciones involucradas. Esto permitiría repartir los costos y responsabilidades, evitaría dejar a Magdalena y La Guajira sin un operador definido, y daría más estabilidad política y financiera a la operación.

Qué pasaría si solo Barranquilla se queda con Air-e

Si el Distrito decidiera manejar únicamente su parte:

Se crearían acuerdos de interconexión con los demás operadores para no afectar el flujo eléctrico.

Magdalena y La Guajira tendrían que ser asumidas por otra empresa, o seguir bajo intervención estatal.

Podría generarse una asimetría: Barranquilla con un servicio fortalecido y los otros departamentos en incertidumbre, lo que abriría tensiones políticas y sociales.

Por eso, aunque no es una obligación legal que la operación sea regional, sí es la alternativa más viable.

La posición del senador José David Name

El senador atlanticense José David Name ha sido una de las voces más críticas frente a la situación energética en la Costa Caribe. Ha señalado que:

La intervención estatal en Air-e no basta y debe ir acompañada de reformas de fondo.

Existen riesgos de un racionamiento eléctrico en la región si no se toman medidas inmediatas.

La CREG es, a su juicio, responsable de los altos costos de la energía en la Costa, por aprobar resoluciones que cargaron sobre los usuarios pérdidas y sobrecostos del sistema.

Ha criticado los constantes cortes y restricciones que Air-e impone en municipios, lo que, en su opinión, constituye un maltrato hacia los usuarios.

Aunque Name no se ha pronunciado de manera explícita sobre la propuesta de que Air-e pase al Distrito o a una administración regional, sus intervenciones apuntan a que cualquier modelo debe ser sólido, financiero y técnicamente viable, y sobre todo garantizar un servicio digno a los usuarios de toda la Costa.

Conclusión

El debate sobre el futuro de Air-e refleja una preocupación histórica en la región Caribe: la precariedad del servicio de energía. La propuesta de Alejandro Char y Eduardo Verano busca devolverle a los territorios el control de una empresa estratégica, con el fin de lograr mayor eficiencia y cercanía.

Sin embargo, su viabilidad depende de tres factores:

  1. Que el Gobierno nacional autorice la transferencia de la operación.
  2. Que el Distrito y las gobernaciones tengan el músculo financiero necesario.
  3. Que se logre un esquema que no deje por fuera a Magdalena y La Guajira, evitando desigualdades en la prestación del servicio.

Mientras tanto, voces como la del senador José David Name recuerdan que no basta con cambiar de operador: se requiere una reforma integral del modelo energético en la Costa Caribe para superar definitivamente la crisis que por años ha golpeado a millones de usuarios.