
El 28 de octubre de 2025, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército de Defensa de Israel (FDI) ejecutar “ataques poderosos e inmediatos” contra la Franja de Gaza, tras acusar al movimiento islamista Hamás de violar flagrantemente el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Lo que había sido presentado como un frágil pero histórico cese de hostilidades —vigente desde el 10 de octubre— se tambalea ahora al borde del colapso, sumiendo nuevamente a la región en la incertidumbre y el temor a una escalada mayor.
El detonante del nuevo enfrentamiento fue la entrega, por parte de Hamás, de los restos mortales de Elad Zuckerman, un rehén israelí cuyo cuerpo había sido recuperado por las fuerzas israelíes en 2023. Según la oficina de Netanyahu, este acto constituyó una “violación clara” del protocolo acordado, que establecía el intercambio secuencial de 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Hamás, por su parte, rechazó las acusaciones, afirmando que cumplía con los términos y que Israel buscaba pretextos para evadir sus obligaciones, entre ellas la devolución de cuerpos palestinos y el aumento de la ayuda humanitaria.
En respuesta, el FDI lanzó una serie de bombardeos aéreos sobre objetivos en Gaza City y Rafah, descritos oficialmente como “instalaciones terroristas” de Hamás. Testigos locales reportaron explosiones intensas, columnas de humo y el sonido de aviones de combate sobrevolando zonas densamente pobladas. Aunque no se han confirmado cifras oficiales de víctimas, la violencia marca un giro dramático tras semanas de relativa calma.
El incidente no es aislado. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha documentado más de 125 violaciones por parte de Israel, incluyendo incursiones, disparos y restricciones al acceso humanitario, que han causado al menos 94 muertes palestinas. A su vez, Israel reporta fuego abierto contra sus tropas en Rafah y retrasos injustificados en la entrega de rehenes vivos, de los cuales aún quedan cerca de 100 en poder de Hamás y otros grupos armados.
Políticamente, Netanyahu enfrenta presiones internas de su ala dura, liderada por figuras como Itamar Ben-Gvir, quien exige la reanudación total de la ofensiva para “acabar con Hamás de una vez por todas”. En el lado palestino, la frustración crece ante la lentitud en la reconstrucción y el flujo limitado de ayuda, pese a las promesas del acuerdo.
Estados Unidos, principal mediador del pacto, ha reaccionado con alarma contenida. El presidente Donald Trump, artífice del entendimiento, instó a Hamás a acelerar la liberación de rehenes, pero también advirtió a Israel contra acciones que pongan en riesgo la tregua. Funcionarios estadounidenses han sido enviados a la región en un esfuerzo por evitar el derrumbe total del proceso.
Este nuevo capítulo de violencia pone en evidencia la extrema fragilidad del alto el fuego. Lejos de ser un punto de inflexión hacia la paz, el acuerdo parece más bien una pausa tensa, sostenida por intereses políticos, presiones internacionales y cálculos estratégicos. Mientras las bombas caen nuevamente sobre Gaza y las sirenas suenan en el sur de Israel, la pregunta no es si habrá más muertos, sino cuándo —y a qué costo— se romperá definitivamente la ilusión de estabilidad.