El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 10 individuos y entidades de Irán y Venezuela por su participación en el comercio ilícito de drones de combate y componentes para misiles balísticos. Estas medidas buscan frenar la proliferación de armas que amenaza la seguridad regional y global.
Detalles de las sanciones
Anunciadas el 29 de diciembre de 2025, las sanciones congelan activos en EE.UU. y prohíben transacciones con los designados. En Venezuela, la principal afectada es la Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA), fabricante estatal de drones, y su presidente José Jesús Urdaneta González, acusados de ensamblar y vender drones Mohajer-6 iraníes rebautizados como ANSU por millones de dólares.
Rol de Irán en la red
Irán aportó entidades como Parchin Chemical Industries, que suministró productos químicos para propelentes de misiles, y firmas del Rayan Fan Group ligadas a los Guardianes de la Revolución (IRGC), responsables de componentes para drones de combate. Este intercambio se remonta a envíos de armas desde 2006, violando restricciones de la ONU sobre el programa nuclear y balístico iraní.
Implicaciones geopolíticas
El subsecretario John K. Hurley enfatizó que las sanciones cortan el acceso al sistema financiero estadounidense del complejo militar iraní, respaldando la reimposición de embargos de la ONU. Los analistas interpretan esto como una señal de la administración Trump para soportar posturas contra aliados de Teherán en América Latina, en medio de tensiones por conflictos en el Oriente Medio.