En un movimiento que marca una escalada significativa en la postura de Estados Unidos hacia Venezuela, el presidente Donald Trump ha autorizado a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas, incluidas acciones letales, en territorio venezolano, según revelaron fuentes oficiales a medios como The New York Times y Bloomberg. Esta decisión, tomada en el marco de una agresiva campaña contra el narcotráfico y el gobierno de Nicolás Maduro, ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones legales y geopolíticas.
La autorización presidencial, conocida como un “hallazgo presidencial” (presidential finding), otorga a la CIA amplios poderes para realizar operaciones unilaterales o coordinadas en Venezuela y el Caribe. Estas incluyen posibles ataques con drones, operaciones contra laboratorios de drogas y la neutralización de líderes de organizaciones criminales como el “Cartel de los Soles” y el Tren de Aragua, ambos señalados por Washington como grupos terroristas. Aunque no se ha confirmado la ejecución inmediata de estas operaciones, funcionarios estadounidenses han subrayado que el objetivo principal es forzar la salida de Maduro del poder, un propósito que Trump ha perseguido desde su primer mandato.
Durante los últimos meses, la administración Trump ha intensificado sus acciones en la región. Desde septiembre de 2025, al menos 27 personas han muerto en ataques aéreos y navales estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, según reportes oficiales. Estas operaciones, justificadas como parte de la lucha contra el tráfico de drogas, han generado críticas por su falta de transparencia y por el riesgo de escalar tensiones con Venezuela y sus aliados, como Rusia y China.
En el Congreso de EE.UU., la noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos legisladores republicanos apoyan la medida como un paso necesario para combatir el narcotráfico y el régimen de Maduro, otros, principalmente demócratas, han cuestionado la legalidad de autorizar acciones letales sin una supervisión adecuada. “Esto podría ser una violación de la soberanía de otro país y requiere un debate público”, afirmó un senador demócrata que prefirió mantenerse en el anonimato.
En redes sociales, particularmente en la plataforma X, la autorización ha generado un torbellino de opiniones. Publicaciones de usuarios y analistas destacan tanto el respaldo a las medidas de Trump como las preocupaciones sobre una posible escalada militar en América Latina. “EE.UU. no puede seguir actuando como el policía del mundo”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “Maduro ha destruido Venezuela; estas acciones son necesarias para proteger la región”.
El gobierno venezolano, por su parte, aún no ha emitido una respuesta oficial, pero se espera que Maduro denuncie la medida como una agresión imperialista, siguiendo la línea de su retórica habitual. Analistas advierten que esta decisión podría tensar aún más las relaciones entre Washington y Caracas, en un momento en que la crisis humanitaria y política en Venezuela continúa agravándose.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. La autorización de operaciones letales plantea preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad nacional de EE.UU. y el respeto al derecho internacional, en un contexto donde la región ya enfrenta desafíos significativos por el narcotráfico y la inestabilidad política. Lo que está claro es que la estrategia de Trump marca un nuevo capítulo en la confrontación con Venezuela, con consecuencias que aún están por definirse.