Washington / Bogotá, 26 de octubre de 2025. — En una declaración que marca un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su país no impondrá aranceles generales a Colombia, pero sí mantendrá sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro, su familia y altos funcionarios de su gobierno.
Rubio aseguró que las medidas buscan “responsabilizar a líderes extranjeros que han actuado de manera hostil hacia los intereses de Estados Unidos”, pero subrayó que “las sanciones no están dirigidas al pueblo colombiano ni pretenden afectar su economía”. De esta manera, la Casa Blanca intenta contener el impacto comercial de la crisis diplomática mientras endurece la presión política sobre el mandatario colombiano.
Las sanciones incluyen restricciones financieras y de viaje contra Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro de Defensa Iván Velásquez, a quienes Washington acusa de facilitar o tolerar actividades vinculadas al narcotráfico y de obstaculizar la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El anuncio llega tras semanas de tensiones entre ambos gobiernos, luego de que Petro criticara públicamente las operaciones antinarcóticos estadounidenses en el Caribe, calificándolas de “asesinatos extrajudiciales”. La administración estadounidense respondió con firmeza, asegurando que “no permitirá que la retórica política o la desinformación debiliten la cooperación regional contra el crimen transnacional”.
A pesar de las sanciones, Rubio enfatizó que Estados Unidos mantendrá abiertos los canales de comercio y cooperación con el sector privado colombiano, evitando así un impacto directo en las exportaciones de café, flores, y productos industriales.
El gobierno colombiano, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre las medidas, aunque fuentes cercanas a la Casa de Nariño calificaron la decisión como “una injerencia política sin fundamento jurídico”.
Con este paso, la administración estadounidense busca enviar un mensaje de firmeza sin romper del todo los vínculos económicos con un aliado estratégico en la región. Sin embargo, el distanciamiento político entre ambos gobiernos parece profundizarse, abriendo un nuevo frente de incertidumbre diplomática en América Latina.