Fuente: Infobae
En medio de un ambiente político ya cargado de tensiones, la Fiscalía General de la Nación quedó en el centro de la controversia por una resolución que, según denuncias, podría favorecer la impunidad en casos sensibles ligados al Gobierno de Gustavo Petro.
El documento ordenaría el traslado de procesos clave, entre ellos la investigación por una posible financiación irregular de la campaña presidencial en 2022, el uso indebido del polígrafo a la niñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia y la infiltración de alias ‘Papá Pitufo’ en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Sectores políticos y analistas advierten que este movimiento interno del ente acusador podría interferir en el curso de las indagaciones y abrir la puerta a un control político de los expedientes. Desde la oposición, se acusa a la Fiscalía de facilitar maniobras para dilatar o debilitar las investigaciones.
En contraste, voceros cercanos al Gobierno y al ente investigador aseguran que se trata de ajustes administrativos sin motivaciones políticas, y que las investigaciones continuarán su curso bajo los marcos de la ley.
El hecho ha desatado un fuerte debate público sobre la independencia judicial y la necesidad de que las investigaciones avancen con total transparencia, en un contexto en el que la confianza institucional atraviesa un momento crítico.