En los últimos días, se ha reportado un caso de presunto “secuestro exprés” y estafa que afectó a una pareja de turistas mexicanos en Cartagena. El incidente, que ha generado un fuerte rechazo en la ciudad, involucró el cobro excesivo y la intimidación en altamar.
Los hechos
Según la denuncia de la turista mexicana Gretel Miranda, ella y su acompañante fueron abordados por supuestos operadores turísticos que les ofrecieron un viaje en lancha. En medio del recorrido en altamar, específicamente cuando regresaban de una zona insular, los operadores los habrían presionado e intimidado para que pagaran una suma exorbitante de $1.800.000 pesos colombianos (aproximadamente 500 dólares) por servicios que no habían acordado. La pareja se vio obligada a realizar el pago con tarjeta de crédito bajo presión.
Tras el pago, la lancha no los llevó al destino original, sino a otra playa, donde buscaron ayuda de la policía. Como pruebas, los turistas entregaron fotos, videos y el recibo de la transacción, emitido a nombre de “Deportes Náuticos Benson” en Bocachica.
Reacción de las autoridades y la comunidad
El caso se hizo viral en redes sociales, lo que provocó una rápida respuesta de las autoridades de Cartagena. El alcalde Dumek Turbay Paz confirmó que se actuó de inmediato en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Policía.
Como resultado, dos hombres identificados como Luis Fernando Llerena Herrera y Alcides Guerrero Caraballo fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se está investigando la participación de una mujer que habría sido la encargada de manejar el datáfono y presionar a los turistas.
Además, la comunidad de Tierra Bomba, de donde eran los supuestos operadores turísticos, se pronunció, pidió disculpas públicas y aseguró que el incidente no representa el espíritu de la población. Incluso, se informó que el dinero exigido a los turistas mexicanos ha sido devuelto.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los visitantes y han anunciado que reforzarán los controles sobre la oferta turística informal para evitar que hechos similares se repitan. La Fiscalía será la encargada de definir si los hechos constituyen un caso de secuestro, además de la estafa.