La Corte Suprema de Justicia de Colombia mantiene bajo investigación al representante a la Cámara David Racero, expresidente de la corporación, por presunto uso indebido de recursos públicos provenientes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
¿Qué es la UTL?
La UTL es el equipo de trabajo de cada congresista, financiado con recursos públicos, encargado de apoyar en tareas legislativas y administrativas, como:
- Redacción y seguimiento de proyectos de ley.
- Atención a ciudadanos y gestión de solicitudes.
- Investigación y análisis de temas legislativos.
- Apoyo logístico y administrativo.
Los miembros de la UTL reciben un salario pagado con fondos del Estado, por lo que cualquier uso de esos recursos para fines personales puede constituir un delito.
¿Qué se investiga?
Según información revelada por el periodista Daniel Coronell, entre 2018 y 2020 se habrían cometido irregularidades con los fondos de la UTL de Racero:
- Transferencias de dinero a cuentas personales y familiares del congresista.
- Pagos de gastos privados, incluso durante la pandemia, a cargo de los miembros de su UTL.
- Movimientos financieros específicos, como un depósito de 5.320.000 pesos realizado en diciembre de 2018 desde la sucursal del BBVA en Puerto Carreño, Vichada, a la cuenta de Racero, ejecutado por Yidis Gahona, integrante de su UTL.
Estas operaciones sugieren que Racero podría haber estado recibiendo parte del salario de sus empleados, es decir, un porcentaje de los recursos destinados a su equipo de trabajo, lo que constituye un uso indebido de recursos públicos.
¿Otros procesos relacionados?
Racero también enfrenta investigaciones en el Consejo de Estado y la misma Corte Suprema por presuntos cobros indebidos a integrantes de la UTL, incluyendo:
- Uso de su cargo para exigir o recibir dinero de sus subalternos.
- Desvío de funciones de la UTL para cubrir gastos personales o trabajar para negocios familiares.
¿Impacto y contexto?
Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en el manejo de fondos públicos y la necesidad de un control riguroso sobre los recursos asignados a congresistas. Hasta que se concluya la investigación, Racero se considera inocente de los cargos que se le imputan, pero el proceso evidencia posibles prácticas irregulares dentro del Congreso.