La reconocida cadena de supermercados D1 se encuentra en el centro de una seria polémica en Colombia, tras ser objeto de una investigación por parte del Ministerio de Trabajo por presunto abuso laboral. Numerosos empleados han alzado su voz para denunciar condiciones laborales que consideran irregulares y excesivas, incluyendo jornadas que superan las 10 o 12 horas diarias sin el pago correspondiente de horas extras, así como una sobrecarga de funciones que los obliga a desempeñar múltiples roles. Estas acusaciones, que también mencionan contratos de “uso y confianza” que se traducirían en una disponibilidad constante sin remuneración adicional, han generado una fuerte reacción pública y gubernamental, poniendo en tela de juicio las prácticas de una de las empresas con mayores utilidades en el país.
La gravedad de las denuncias ha llevado al Gobierno Nacional a exigir una pronta y exhaustiva investigación, con el fin de determinar la veracidad de los hechos y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral. Mientras D1 ha emitido comunicados negando las acusaciones y asegurando su compromiso con los derechos de sus trabajadores, la situación subraya la importancia de la supervisión y el respeto por las condiciones laborales dignas en el sector privado. Este caso no solo afecta la imagen de la compañía, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los empleados y asegurar que el crecimiento económico de las empresas no se logre a expensas de la explotación de su fuerza laboral.