La decisión del presidente del Congreso, Lidio García, de suspender temporalmente las vacaciones de los senadores para convocar sesiones extraordinarias el 26 de diciembre de 2025 representa un mecanismo constitucional clave para ejercer control político sobre el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro. Este decreto, el 1390 del 22 de diciembre, busca abordar un déficit fiscal estimado en 16 billones de pesos, principalmente para el año 2026, tras el fracaso de la reforma tributaria en el Legislativo. En este contexto, la convocatoria no solo defiende la autonomía del Congreso, como ha enfatizado García al afirmar que “el Congreso no se subordina”, sino que también responde a la obligación establecida en el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994, que exige un examen riguroso de las medidas de emergencia. Esta acción subraya la tensión inherente en el equilibrio de poderes, donde el Legislativo actúa como contrapeso ante posibles extralimitaciones del Ejecutivo, especialmente en un escenario de crisis fiscal que el Gobierno califica como grave e inminente, pero que opositores ven como resultado de decisiones políticas previsibles.
Las reacciones a esta convocatoria revelan una profunda división institucional y política. Por un lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha cuestionado su validez, argumentando que el Congreso solo puede iniciar el estudio una vez recibido el informe oficial del Gobierno y que las sesiones virtuales no proceden sin circunstancias excepcionales. Esta postura refleja el respaldo del Ejecutivo a su decreto, contrastando con la iniciativa de García, apoyada por sectores opositores y gremios que lo consideran inconstitucional. Además, la discrepancia entre los presidentes de las cámaras —García en el Senado impulsando el debate, y Julián López en la Cámara respaldando al Gobierno— ilustra las fracturas partidistas, con el Partido Liberal y La U en posiciones opuestas. Esta polarización no solo complica el proceso, sino que también pone en evidencia cómo las emergencias económicas pueden convertirse en arenas de confrontación ideológica, exacerbando el choque entre ramas del poder en un momento de cierre anual, donde el receso legislativo y judicial añade complejidad operativa.
Las implicaciones de esta situación trascienden el corto plazo y podrían impactar la estabilidad fiscal y el equilibrio institucional en Colombia. Si el debate prospera, podría llevar a la modificación o revocatoria de los decretos de emergencia, forzando al Gobierno a buscar alternativas como una nueva reforma tributaria o ajustes presupuestales. Sin embargo, con la Corte Constitucional programada para revisar el decreto en enero de 2026 —y posibles sesiones extraordinarias en la vacancia judicial—, el tema genera incertidumbre, incluyendo demandas y críticas por posibles abusos de poder. En última instancia, este episodio resalta la vitalidad de los mecanismos de control democrático, pero también advierte sobre los riesgos de inestabilidad si las tensiones escalan, afectando la confianza en las instituciones y la capacidad del país para enfrentar desafíos económicos reales en un contexto de polarización política.