Hoy a las 2:00 p.m., el Congreso de Colombia inicia un crucial debate para definir si aprueba la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con un plazo de 20 días (ampliable a 30) a partir del 1 de mayo, los senadores deberán decidir si avalanzan la iniciativa, la cual requiere un quórum mínimo de la mitad más uno de los presentes para su aprobación. Sin embargo, partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical ya han anunciado su oposición, argumentando que la medida busca consolidar el poder del oficialismo, una acusación que el gobierno rechaza.
Más allá del resultado, la consulta se perfila como un termómetro político para medir la influencia de Petro de cara a las próximas elecciones. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el objetivo es evaluar el respaldo ciudadano y ajustar estrategias. No obstante, el gran desafío será movilizar a los más de 13 millones de votos necesarios para que sea vinculante, una cifra superior a los 11 millones que llevaron a Petro a la presidencia. En un país con histórica abstención, donde solo el 55% del electorado votó en segunda vuelta en 2022, el éxito de la consulta parece incierto.
El escenario se complica si el Legislativo no se pronuncia antes del 30 de mayo, ya que Petro podría convocar la consulta por decreto, una jugada que desataría tensiones institucionales. Mientras el gobierno insiste en que es un mecanismo de participación, la oposición lo ve como un intento de distracción. En el fondo, el debate refleja la polarización del país: un juego de narrativas donde, más que políticas concretas, lo que está en disputa es la percepción de quién representa el “cambio real”. Y mientras tanto, millones de colombianos, desencantados con la política, siguen preguntándose si su voto realmente hace la diferencia.