El abogado Diego Javier Cadena Ramírez, conocido por su representación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá. La sentencia, dictada por el juez Fabián Moreno, se centra en el intento de Cadena de manipular al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave en el caso que investiga los nexos de Uribe con grupos paramilitares en los años 90. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación ha apelado la absolución de Cadena y su coabogado Juan José Salazar Cruz por los cargos de soborno y fraude procesal relacionados con otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. Este doble desarrollo profundiza uno de los casos judiciales más controvertidos de Colombia.
Contexto del Caso
El proceso se deriva de las investigaciones iniciadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, tras denuncias cruzadas entre Uribe y el senador Iván Cepeda. Estas indagaciones apuntan a una presunta red de manipulación de testigos para favorecer al exmandatario y desacreditar a Cepeda, quien ha denunciado vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Cadena, como abogado de Uribe, y Salazar, su colaborador, enfrentaron cargos por soborno en actuación penal (artículo 444 del Código Penal) y fraude procesal (artículo 453), en dos episodios principales:
- Soborno a Juan Guillermo Monsalve: En agosto de 2018, Cadena visitó a Monsalve en la cárcel La Picota, ofreciéndole beneficios jurídicos, como la revisión de su proceso, a cambio de retractarse de declaraciones que relacionaban a Uribe y su hermano Santiago con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La reunión fue grabada por Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, quien actuó como víctima en el proceso.
- Caso de Carlos Enrique Vélez alias “Víctor”: Entre 2017 y 2018, Cadena habría entregado al menos 36 millones de pesos a Vélez, preso en Palmira, bajo el pretexto de “ayudas humanitarias”, pero con el fin de obtener una carta falsa que acusara a Cepeda de manipular testigos. La carta fue presentada ante la Corte Suprema, constituyendo un intento de fraude procesal.
Detalles de la Condena a Cadena
El 15 de agosto de 2025, el juez Moreno emitió el fallo tras un juicio que incluyó grabaciones, testimonios y pruebas documentales presentadas por la Fiscalía:
- Condena por soborno a Monsalve: El juez determinó que Cadena, en complicidad con Enrique Pardo Hasche, actuó con dolo al presionar a Monsalve para alterar su testimonio. La pena impuesta es de 84 meses (siete años) de prisión domiciliaria, acompañada de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y una multa de aproximadamente 650 millones de pesos (375 salarios mínimos legales vigentes). La domiciliaria fue concedida por la ausencia de riesgo de fuga, aunque Cadena permanece en libertad condicional mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa, liderada por el abogado Iván Cancino.
- Argumentos de la defensa: Cancino alegó que no hubo soborno explícito, sino gestiones humanitarias, y que las grabaciones no prueban dolo directo. Sin embargo, el juez desestimó esta versión, respaldado por la Fiscalía, la Procuraduría y víctimas como Cepeda y Gómez, quienes celebraron el fallo como un avance contra la impunidad.
Este veredicto se alinea con la condena de Uribe, sentenciado el 1 de agosto de 2025 a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno, donde fue señalado como el “arquitecto” de la red de manipulación. Cadena, descrito en interceptaciones como un “abogángster”, ya había enfrentado 269 días de detención domiciliaria en 2021 por este caso.
Absolución en el Caso Vélez y Apelación de la Fiscalía
En el mismo fallo, Cadena y Salazar fueron absueltos de los cargos relacionados con el soborno a Vélez, debido a “duda razonable” sobre la credibilidad del exparamilitar, cuyas declaraciones presentaban contradicciones. El juez consideró insuficientes las pruebas para acreditar los delitos más allá de toda duda, destacando cartas contradictorias de Vélez y la falta de claridad en los testimonios de otros involucrados.
Sin embargo, la Fiscalía apeló esta absolución ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que:
- Las inconsistencias de Vélez no invalidan por completo su testimonio, respaldado por registros de pagos y la carta membretada de Cadena.
- El contexto de manipulación probado en el caso Monsalve refuerza la intención delictiva en el caso Vélez.
- Existen pruebas materiales, como transferencias bancarias, que demuestran el soborno disfrazado de ayuda humanitaria.
La apelación busca revocar la absolución y unificar los casos, lo que podría aumentar la pena de Cadena y extender la responsabilidad a Salazar, quien hasta ahora no enfrenta cargos. La audiencia de segunda instancia está programada para finales de octubre de 2025, aunque la fecha exacta no ha sido confirmada.
Implicaciones y Reacciones
La condena de Cadena y la apelación en el caso Vélez resaltan las tensiones en el sistema judicial colombiano frente a casos de alto perfil político. Para Cadena, la prisión domiciliaria representa un revés significativo, aunque su libertad condicional depende del resultado de la apelación. Salazar, por su parte, enfrenta la posibilidad de una condena si el tribunal revoca la absolución. El caso también refuerza la narrativa de una red de manipulación liderada por Uribe, cuya condena previa ha polarizado a la opinión pública.
Organizaciones de derechos humanos y figuras como Cepeda han aplaudido el fallo como un paso hacia la justicia, mientras que sectores afines a Uribe denuncian una persecución política. La referencia al “síndrome del salvador” –usada por la defensa para justificar los pagos como actos humanitarios– ha generado críticas por encubrir prácticas de corrupción.
Este proceso judicial, que combina intrigas políticas, grabaciones encubiertas y acusaciones de soborno, seguirá siendo un punto focal en Colombia mientras se resuelven las apelaciones. La sociedad espera que las decisiones finales esclarezcan el alcance de la manipulación de testigos y refuercen la independencia del sistema judicial.