La reciente afirmación del presidente Gustavo Petro —“si es necesario que suba la gasolina, subirá”— no es solo una frase coyuntural. Es, en realidad, una declaración de rumbo económico y energético que abre un debate de fondo en el país: ¿debe Colombia dejar que el precio del combustible lo defina el mercado internacional, aun si eso afecta directamente a los ciudadanos?
Un cambio de reglas: el fin del “amortiguador”
Durante años, Colombia utilizó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para suavizar las alzas. En términos simples, cuando el petróleo subía, el Estado asumía parte del costo para evitar que el golpe llegara de lleno al consumidor.
Hoy, esa lógica cambia. Con la gasolina atada al comportamiento del Brent, el país entra en una dinámica más directa: si el precio global sube, el nacional también.
La decisión tiene una justificación clara: el déficit acumulado del FEPC se volvió insostenible. Seguir subsidiando implicaba presionar aún más las finanzas públicas.
Diésel: subsidio con condiciones
El gobierno no eliminó todos los apoyos. El diésel (ACPM) seguirá subsidiado, pero de forma focalizada: transporte de carga y pasajeros.
Aquí hay un mensaje político y económico: proteger lo que mueve la economía, pero retirar beneficios a consumos individuales o menos estratégicos.
El impacto real: más que gasolina cara
El debate no se limita al precio en las estaciones. Una gasolina más cara tiene efectos en cadena:
- Aumenta costos de transporte
- Presiona el precio de alimentos
- Reduce el ingreso disponible de los hogares
En otras palabras, no es solo un tema de conductores, sino del costo de vida en general.
La apuesta del gobierno: electrificar el consumo
Detrás de la decisión hay una visión más amplia: acelerar la transición energética.
El mensaje es claro: menos dependencia de combustibles fósiles y más impulso a alternativas como:
- Vehículos eléctricos
- Energía solar
- Cocinas eléctricas
Colombia, especialmente regiones como la Costa Caribe, tiene condiciones favorables para esta transición. Sin embargo, la pregunta clave es si esa transformación está al alcance de la mayoría.
¿Transición justa o desconectada de la realidad?
Aquí es donde surge el verdadero debate:
A favor:
- Reduce el gasto público en subsidios
- Evita crisis fiscales futuras
- Impulsa energías limpias
En contra:
- Golpea a la clase media y sectores vulnerables
- La transición energética aún no es accesible para todos
- La infraestructura eléctrica todavía es limitada en varias regiones
Una decisión que abre más preguntas que respuestas
Eliminar el subsidio a la gasolina puede ser, al mismo tiempo, una medida responsable y una apuesta riesgosa. Responsable, porque enfrenta un problema fiscal real. Riesgosa, porque traslada el costo directamente a los ciudadanos en un contexto económico aún frágil.
El punto de fondo no es solo si la gasolina debe subir o no, sino quién paga el costo de la transición energética y qué tan preparado está el país para asumirlo.
Porque al final, la pregunta no es técnica, es política:
¿puede Colombia acelerar el cambio hacia energías limpias sin dejar atrás a una parte importante de su población?