El Ejército Nacional ha denunciado la retención de un total de 64 de sus miembros en los departamentos del Meta y Huila, en el marco de una serie de asonadas que, según la institución, están siendo instrumentalizadas por grupos armados ilegales. Los incidentes, ocurridos en menos de una semana, han encendido las alarmas sobre el uso de la población civil como escudo humano para obstaculizar las operaciones militares en zonas estratégicas para el crimen organizado.
Asonada en Meta
En el municipio de Vista Hermosa, Meta, el pasado fin de semana, alrededor de 40 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega fueron retenidos por la comunidad en la vereda El Tigre. Los uniformados se encontraban en una operación para destruir un laboratorio de cocaína, cuando la población, presuntamente presionada por disidencias de las FARC, rodeó a la tropa, impidiendo su movimiento y exigiendo la liberación de presuntos colaboradores de los grupos ilegales. La situación se resolvió tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y el diálogo con las autoridades locales, logrando la liberación de los militares sin enfrentamientos.
Incidentes en el Huila
De manera simultánea, en el departamento del Huila, una situación similar se presentó en el municipio de La Plata, donde 24 soldados fueron retenidos por campesinos. Según el Ejército, la acción de la comunidad buscaba evitar que las tropas llegaran a una zona de operación de grupos dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. Las autoridades militares han señalado que la presión de los grupos armados a la población es una estrategia recurrente para neutralizar la presencia del Estado y continuar con sus actividades ilícitas.
Análisis y Consecuencias
Expertos en conflicto armado han manifestado su preocupación por esta táctica, que no solo pone en riesgo la vida de los uniformados, sino que también criminaliza a las comunidades que, en muchos casos, actúan bajo amenaza. La ausencia de la fuerza pública en estas zonas deja a la población a merced de los grupos criminales, que imponen sus propias normas, extorsiones y control social. El Gobierno Nacional, por su parte, ha hecho un llamado al respeto por la misión constitucional de las fuerzas militares y ha instado a las comunidades a no dejarse instrumentalizar por la ilegalidad.