Fuente: La Voragine
Un nuevo caso de presunta corrupción ha puesto en evidencia cómo funcionarios encargados de investigar delitos estarían utilizando su poder para extorsionar a ciudadanos, especialmente a familias vinculadas con exnarcotraficantes.
La investigación de la Fiscalía señala que varios policías de la Dijin, exagentes y funcionarios del CTI habrían conformado una red para exigir grandes sumas de dinero a cambio de frenar procesos judiciales.
Una trampa que inició todo
El caso comenzó el 1 de julio del año pasado, cuando Jaqueline Ladino recibió un mensaje en el que le pedían presentarse en una inspección de Policía en el Meta por supuestos comparendos de tránsito.
Aunque las sanciones ya no tenían validez, la mujer acudió al lugar. Sin saberlo, estaba siendo vigilada. Según la Fiscalía, agentes le tomaron fotografías de manera encubierta, como parte de un plan para presionar a su familia.
Amenazas con supuestas capturas
Días después, un hombre que se presentó como abogado contactó a la familia. Les aseguró que estaban siendo investigados por lavado de activos y que existían pruebas en su contra.
Para hacer creíble la amenaza, mostró fotos, datos personales y detalles de movimientos que habían sido obtenidos por los mismos funcionarios.
Luego vino la exigencia: mil millones de pesos a cambio de frenar órdenes de captura y evitar problemas judiciales.
Pagos bajo presión
Ante el miedo de ser detenidos, las víctimas accedieron a pagar una parte del dinero. Entregaron 300 millones de pesos en efectivo en medio de reuniones organizadas por los supuestos intermediarios.
A cambio, recibieron información del supuesto proceso y promesas de que todo sería detenido.
Pruebas que destaparon el caso
La situación cambió cuando la familia decidió grabar algunas reuniones. En esas grabaciones, los implicados habrían reconocido que manipulaban procesos judiciales.
Según la Fiscalía, realizaban procedimientos ilegales a propósito para que los casos se cayeran en los tribunales, lo que les permitía presionar a las víctimas para pagar.
Intentos de encubrimiento
Después de que la familia denunció, la red habría intentado frenar la investigación. Un agente del CTI incluso habría ofrecido dinero al investigador del caso para desviarlo.
Además, otros funcionarios intentaron acceder sin autorización al expediente, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.
Capturas y proceso en curso
En diciembre pasado, nueve personas fueron capturadas por este caso, entre policías, exfuncionarios y agentes del CTI. Aunque todos se declararon inocentes, varios fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.
Un patrón que se repite
Este no sería un hecho aislado. Otras investigaciones han revelado casos similares, donde funcionarios identifican a exnarcotraficantes o sus familias para exigir dinero a cambio de beneficios judiciales.
Las denuncias apuntan a que estas prácticas podrían ser más comunes de lo que se cree.
Un golpe a la confianza en la justicia
Más allá del caso puntual, lo que queda en evidencia es un problema mayor: el uso indebido del poder por parte de algunos funcionarios.
La situación genera preocupación, ya que afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
