Colombia atraviesa una de las temporadas de lluvias más feroces de los últimos años, y con el agua ha llegado una tormenta política. El presidente Gustavo Petro ha puesto la lupa sobre las represas de Urrá e Hidroituango, ordenando investigaciones para determinar si su operación agravó las inundaciones en las cuencas de los ríos Sinú y Cauca.
Sin embargo, el debate no es tan sencillo. Mientras el Gobierno señala a las hidroeléctricas, surge una pregunta incómoda: ¿Pudo el Ejecutivo prevenir esta situación a través de sus propios ministerios?
Los dos lados de la moneda
1. La acusación del Presidente: “Negocio sobre vida”
El argumento de la Casa de Nariño es que las represas se mantuvieron en niveles máximos de llenado para asegurar la generación de energía y maximizar ganancias. Al llegar las lluvias torrenciales, los embalses ya no tenían “espacio” para amortiguar el agua (el llamado colchón de seguridad), lo que obligó a abrir compuertas de forma masiva, inundando a los pueblos de abajo. Según Petro, esto podría ser considerado un “crimen ambiental”.
2. La gran duda: ¿Dónde estaba el Ministerio de Minas?
Aquí es donde la crítica ciudadana y de expertos toma fuerza. Si el Gobierno Nacional sabía —a través del IDEAM— que venían lluvias extremas, ¿por qué el Ministerio de Minas y la CREG no ordenaron el vaciado preventivo de los embalses?
- Supervisión oficial: El Estado tiene las herramientas legales para intervenir en la operación energética cuando hay un riesgo nacional.
- Responsabilidad compartida: Si las hidroeléctricas pecaron por “ambición”, el Ministerio podría haber pecado por “omisión” al no vigilar esos niveles de llenado con antelación.
3. La defensa técnica: Las represas como “escudos”
Desde el sector eléctrico (XM y las empresas operadoras) sostienen que las represas evitaron una tragedia mayor. Argumentan que los ríos traían caudales históricos y que los embalses retuvieron miles de millones de metros cúbicos de agua que, de lo contrario, habrían arrasado con todo a su paso sin ningún control.
Lo que está en juego
La investigación que ahora inicia la Superintendencia de Servicios Públicos y la UNGRD deberá responder tres preguntas clave:
- ¿Hubo especulación? ¿Se guardó agua de más para vender energía más cara?
- ¿Hubo coordinación? ¿Se avisó a tiempo a las comunidades antes de abrir las compuertas?
- ¿Quién falló en la prevención? ¿Fue un error de cálculo de las empresas o una falta de liderazgo del Gobierno para dar directrices claras antes de la emergencia?
Más allá de quién tenga la razón, miles de familias en Córdoba y Antioquia hoy están bajo el agua. La polémica deja claro que el sistema de gestión de riesgos en Colombia necesita una cirugía urgente para que la generación de energía y la protección de la vida no sigan siendo caminos opuestos.