En menos de una semana, el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República pasó de una diferencia técnica a una crisis institucional abierta. La decisión de la Junta Directiva del Emisor de subir la tasa de intervención en 100 puntos básicos —llevándola a 11,25 %— detonó una ofensiva pública y sin precedentes del presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El ministro abandonó la sesión de la Junta y anunció que el Gobierno se retira “temporalmente” de ella. Petro, por su parte, no ha parado de publicar mensajes en redes sociales acusando al Banco de haber perdido su “real independencia”, de actuar como brazo de la oposición uribista y de priorizar los intereses de los banqueros y tenedores de deuda por encima del empleo y la economía popular. Llegó incluso a calificar la medida como “inconstitucional”.
¿Qué hay detrás del choque?
Desde el punto de vista económico, el Banco cumple su mandato constitucional: controlar la inflación. Con presiones externas (precios de combustibles y fertilizantes por la guerra en Medio Oriente) y una inflación aún por encima de la meta, la Junta optó por el camino clásico de enfriar la demanda. Para el Gobierno, en cambio, esa decisión es “desproporcionada e irresponsable” porque encarece el crédito, frena la inversión productiva, afecta a mipymes, agricultores y al consumo popular, justo cuando —según Petro— la inflación ya muestra señales claras de control y el empleo ha mejorado.
El debate no es nuevo, pero la forma sí lo es. Nunca antes un ministro de Hacienda había abandonado la Junta ni un presidente había lanzado una campaña tan directa y personal contra la autonomía del Emisor. Petro señala nombres concretos de miembros de la Junta (incluyendo familiares de figuras de gobiernos anteriores) para argumentar que la “independencia” es solo de nombre y que en la práctica el Banco responde a intereses políticos y financieros.
Las dos lecturas posibles
- Versión del Gobierno: se trata de una legítima defensa de la soberanía económica. El Banco estaría saboteando los avances sociales del gobierno progresista con una política monetaria ortodoxa y “neoliberal” que beneficia al rentismo financiero. Para Petro, la prioridad debe ser el crecimiento y el empleo; la inflación se controla con producción, no solo con tasas altas.
- Versión de la ortodoxia económica y la oposición: lo que está en juego es la credibilidad misma del Banco Central. Ceder a presiones políticas del Ejecutivo sentaría un precedente peligroso. Países que han politizado sus bancos centrales han terminado con inflación descontrolada y devaluaciones catastróficas. La independencia del Emisor, consagrada en la Constitución de 1991, es uno de los pocos pilares macroeconómicos que ha funcionado en Colombia independientemente del color del gobierno.
Riesgos reales
- Para la economía: mayor incertidumbre puede elevar el costo del endeudamiento del Gobierno, reducir la inversión extranjera y complicar el acceso al crédito para familias y empresas.
- Para las instituciones: el choque erosiona la confianza en la autonomía del Banco Central, un activo que Colombia ha cuidado durante más de tres décadas.
- Para el Gobierno: si la estrategia de presión pública fracasa, Petro podría quedar expuesto a una derrota política y jurídica (la Constitución obliga al ministro a participar en la Junta).
Lo que estamos presenciando no es solo un debate técnico sobre tasas de interés. Es un pulso de poder entre dos visiones de país: una que pone el crecimiento y la equidad por encima de todo, y otra que considera que sin disciplina monetaria y autonomía institucional el crecimiento termina siendo insostenible.
Colombia observa con atención. Porque, más allá de quién tenga razón en el corto plazo, la forma en que se resuelva este conflicto definirá si la independencia del Banco de la República sigue siendo un pilar intocable o si, por primera vez, cede ante la presión política del Ejecutivo. El resultado no solo afectará las tasas de interés de los próximos meses, sino la credibilidad macroeconómica del país por años.