El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha generado mucho ruido: un gran incremento del 23,7 %, que dejó el sueldo base en 1.750.905 pesos y, sumando el auxilio de transporte, llegó a los 2 millones de pesos en total. El gobierno lo llamó “salario vital” y lo presentó como un gran logro para los trabajadores que más ganan poco.
¿Qué pasó con el primer decreto?
A mediados de febrero, el Consejo de Estado (un tribunal importante que revisa decisiones del gobierno) suspendió temporalmente ese primer decreto porque varias personas y empresas lo demandaron. Dijeron que el aumento era muy alto comparado con la inflación del año anterior y que podía dañar a las pequeñas empresas y al empleo. El tribunal pidió que el gobierno explicara mejor las razones técnicas y económicas.
Las marchas del 19 de febrero
En respuesta, el presidente Gustavo Petro convocó marchas y concentraciones en todo el país el 19 de febrero. Miles de personas salieron a las calles, especialmente en Bogotá (en la Plaza de Bolívar), Barranquilla y otras ciudades. Los sindicatos, organizaciones de trabajadores y simpatizantes del gobierno apoyaron la idea: decían que era necesario defender este aumento para que no se perdiera y para mostrar que la gente está de acuerdo con mejorar el ingreso de los más pobres.
Ese mismo día, Petro firmó un nuevo decreto (el 0159 de 2026) que mantiene exactamente el mismo valor: 2 millones de pesos en total. Lo hizo frente a la multitud en la Plaza de Bolívar, diciendo que no daría ni un paso atrás y que ahora sí había agregado más explicaciones y estudios para responder al tribunal. El gobierno insiste en que este aumento es justo y necesario para que la gente pueda vivir mejor con la subida de precios.
¿Fueron necesarias las marchas y todo el espectáculo?
Hay dos formas de verlo.
Por un lado, para el gobierno y sus aliados, sí lo fueron. Las marchas mostraron fuerza popular y presión para que el aumento no se diluyera. Sirvieron para que la gente se sintiera parte de la defensa de sus derechos y para recordarle al tribunal que hay mucho apoyo en la calle. Petro y los sindicatos lo ven como una forma de proteger una conquista importante para los trabajadores.
Por otro lado, muchos críticos dicen que fue más un show político que algo urgente. El nuevo decreto ya mantiene el mismo aumento mientras el tribunal decide de fondo, y el gobierno ya tenía mayoría en la comisión que discute el salario para defenderlo. Algunos opinan que las marchas sirvieron más para movilizar a la base del gobierno (sobre todo pensando en las elecciones que vienen), para polarizar el país y para criticar a la justicia, en vez de resolver el problema de forma calmada. Además, causaron problemas de tráfico y afectaron el transporte público en ciudades grandes.
¿Qué queda al final?
El salario mínimo se mantiene igual por ahora, y los trabajadores que ganan lo mínimo siguen recibiendo los 2 millones. Las marchas cumplieron su objetivo inmediato para el gobierno, pero también dejaron claro lo dividido que está el país: unos lo ven como defensa de la justicia social, otros como puro espectáculo político en medio de tantos problemas pendientes (como la salud o la seguridad). El tiempo dirá si valió la pena o si solo aumentó la tensión.