El domingo 21 de septiembre de 2025, un hecho significativo marcó la agenda de seguridad en el municipio de La Plata, Huila: la liberación de 74 uniformados del Ejército Nacional que habían sido retenidos contra su voluntad en la vereda Los Arrayanes. Este incidente, ocurrido el sábado 20 de septiembre, fue el resultado de una asonada promovida por cerca de 500 civiles, presuntamente instrumentalizados por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Hernando González Acosta, una disidencia de las FARC. Este grupo busca consolidar su control territorial en la región para actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, afectando directamente la seguridad de las comunidades rurales.
El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército, explicó en una entrevista con Noticias Caracol que los soldados, quienes realizaban labores de vigilancia y protección, fueron obligados a subir a vehículos particulares bajo una presión coercitiva, aunque sin violencia física directa. La liberación se logró gracias a una mediación coordinada con la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Cruz Roja y la ONU, priorizando la resolución pacífica para evitar riesgos a la población civil. Los uniformados, según el coronel, se encuentran en buen estado de salud, recibiendo atención médica y psicológica, aunque el episodio constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.
Este suceso no es un caso aislado. El coronel Herrera destacó que, en lo corrido de 2025, se han registrado al menos cinco asonadas similares en La Plata, específicamente en veredas como Los Sauces, Las Acacias y Belén. A nivel nacional, el panorama es aún más alarmante: 34 asonadas contra la Fuerza Pública, con alta incidencia en departamentos como Huila, Cauca y Putumayo. Estas acciones, orquestadas por grupos armados ilegales, buscan desplazar a las tropas estatales para facilitar el control de economías ilícitas, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema, con amenazas de desplazamiento forzado, asesinatos y extorsiones.
El gobernador del Huila, Luis Enrique Dávila, convocó un consejo de seguridad extraordinario para reforzar la presencia militar en la zona, mientras el Ministerio de Defensa anunció investigaciones penales contra los responsables por delitos como secuestro y obstrucción a la justicia. La situación pone en evidencia los desafíos de la política de “paz total” en regiones donde las disidencias de las FARC mantienen una fuerte influencia.
Este episodio resalta la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales para proteger a las comunidades rurales y garantizar la presencia estatal. El compromiso del Ejército, como subrayó el coronel Herrera, es continuar su labor sin recurrir a confrontaciones que puedan afectar a los civiles, mientras se enfrenta a las tácticas de los grupos armados que buscan desestabilizar la región. La liberación de los uniformados es un paso hacia la recuperación del orden, pero también un recordatorio de los retos que persisten en la construcción de una paz duradera en Colombia.