En una jornada que mantuvo en vilo a millones de colombianos, el Gobierno Nacional decidió retirar hoy, 2 de febrero de 2026, el polémico Proyecto de Ley 347. La iniciativa, que buscaba imponer sanciones radicales contra las plataformas de movilidad como Uber, DiDi e InDrive, fue frenada en seco ante la masiva presión social y el evidente riesgo político que representaba en plena víspera electoral.
Sanciones que rozaban lo absurdo
El borrador del proyecto no solo apuntaba a las empresas tecnológicas, sino que descargaba todo el peso de la ley sobre el ciudadano de a pie. Entre los puntos más controvertidos se encontraba una multa superior a los 4.7 millones de pesos para los pasajeros que utilizaran estos servicios.
Además, los conductores se enfrentaban a la inmovilización de sus vehículos en los patios por hasta 120 días, una medida que muchos calificaron como una condena a la quiebra para quienes dependen de su carro para llevar el sustento a casa. Incluso, la norma pretendía sancionar a centros comerciales y conjuntos residenciales que permitieran el ingreso de estos vehículos para recoger pasajeros.
La fuerza de los números: Un gigante electoral
Detrás del retiro de la ley existe un cálculo matemático y político difícil de ignorar. Actualmente, en Colombia existen más de 1.2 millones de conductores vinculados a aplicaciones de movilidad, una cifra que triplica a los cerca de 450,000 taxis que operan en el país.
En un año electoral, intentar prohibir el sustento de más de un millón de familias resultó ser un movimiento arriesgado. Aunque el gremio de taxistas es una fuerza organizada con gran capacidad de protesta, el Gobierno se encontró con una realidad: los conductores de apps y sus millones de usuarios también votan, y el rechazo a la ley fue absoluto en todas las regiones, incluyendo a Barranquilla, donde estos servicios ya son parte del día a día por comodidad y seguridad.
El debate de los impuestos: ¿Quién aporta más?
Uno de los puntos que más generó debate en la opinión pública fue el aporte tributario. Mientras que el servicio de taxi tradicional goza de ciertas exenciones, las plataformas digitales están obligadas a pagar el 19% de IVA por cada intermediación.
Esto desvanece el argumento de la “ilegalidad” absoluta, pues el Estado recibe millonarios recursos provenientes de cada carrera solicitada por el celular. Perseguir un sector que tributa, genera empleo y moderniza la movilidad parece ir en contra de la lógica económica que demanda el país en 2026.
Un respiro, pero no un punto final
El retiro de la ley es visto como una victoria para la economía digital, pero expertos sugieren que es solo una tregua. El Ministerio de Transporte ha manifestado que el proyecto entrará en una “fase de revisión y diálogo”. Sin embargo, queda claro que cualquier regulación futura tendrá que dejar de lado la persecución y enfocarse en la convivencia, reconociendo que la tecnología llegó para quedarse y que los colombianos exigen el derecho a elegir cómo quieren movilizarse.