Colombia necesita invertir al menos $19 billones anuales (1,1 % del PIB) entre 2023 y 2035 solo para completar el plan carretero priorizado y no priorizado, y otros $5,6 billones adicionales para rehabilitar la red vial terciaria, según el estudio presentado hoy por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y ANIF en el XXII Congreso Nacional de Infraestructura. Para el siguiente decenio (2036-2045) la cifra se mantiene elevada: $11,9 billones al año para la red primaria y secundaria y $6,7 billones para las vías terciarias. Los autores advierten que los mecanismos tradicionales de financiación —peajes, vigencias futuras y explotación comercial— resultan insuficientes para cerrar la brecha de conectividad que aún persiste pese a los avances logrados con las Asociaciones Público-Privadas desde 2012.
Frente a este panorama, el informe identifica y evalúa fuentes complementarias ya existentes —obras por impuestos, obras por regalías y contribución de valorización— y reconoce sus logros, pero también sus limitaciones. En obras por impuestos, por ejemplo, 210 empresas han ejecutado 409 proyectos entre 2018 y 2024 por $2,96 billones, aunque persisten problemas de costos imprevistos y estructuración débil cuando los proponentes son entes territoriales. El mecanismo de obras por regalías, por su parte, sigue restringido a municipios productores y cargado de trámites burocráticos, mientras la valorización nacional enfrenta rechazo ciudadano y deficiencias catastrales que dificultan su aplicación efectiva más allá de casos exitosos como los de Bogotá.
Para superar estas barreras, CCI y ANIF proponen cuatro líneas de acción concretas: crear la figura de “obras por impuestos futuros” que permita comprometer renta proyectada de varios años, ampliar geográficamente el mecanismo actual más allá de zonas Pdet y Zomac, concentrar regalías en corredores logísticos de impacto nacional o regional en lugar de obras locales dispersas, y actualizar el marco legal de la contribución nacional de valorización con reglas claras de liquidación y catastro confiable. Además, insisten en eliminar trabas normativas que impiden la concurrencia simultánea de varias fuentes, una estrategia clave para viabilizar proyectos de gran envergadura que hoy quedan atrapados por la rigidez de los instrumentos individuales.