Colombia enfrenta por tercer año consecutivo el doloroso récord de ser el país más peligroso del mundo para los líderes sociales y ambientales, según el más reciente informe de Global Witness. Los datos reflejan una crisis estructural que afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que suelen habitar regiones con baja presencia estatal y alta influencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería.
Ante este panorama, expertos nacionales e internacionales coinciden en que se requieren cambios urgentes. Entre las principales recomendaciones está fortalecer la presencia integral del Estado en las zonas más vulnerables, no solo con fuerza pública sino con inversión en salud, educación e infraestructura, de manera que las comunidades encuentren alternativas reales frente al control de los grupos armados ilegales.
También se insiste en crear y aplicar programas de protección efectivos para los líderes sociales, con medidas personalizadas que incluyan alertas tempranas, acompañamiento comunitario y apoyo psicosocial. Otro punto crítico es romper el círculo de la impunidad: garantizar investigaciones rápidas y efectivas que identifiquen y sancionen tanto a los autores materiales como a quienes financian o se benefician de estas violencias.
La implementación plena del Acuerdo de Escazú, la regulación estricta de empresas extractivas y el respeto a la consulta previa son vistos como pasos indispensables para garantizar los derechos de las comunidades. Además, se subraya la necesidad de abrir canales de diálogo directo con las organizaciones sociales y de fortalecer la cooperación internacional para la protección de defensores de derechos humanos.
En conclusión, la crisis de los asesinatos de líderes sociales en Colombia no se resolverá únicamente con medidas de seguridad. Lo que reclaman las comunidades y expertos es un compromiso integral del Estado: justicia, protección efectiva, respeto a la participación ciudadana y desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida y la dignidad de quienes defienden los territorios.