El Banco de la República confirmó la cancelación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un mecanismo que funcionaba como un seguro de emergencia para el país en caso de crisis financieras internacionales.
La decisión no fue del gobierno de Gustavo Petro, sino del propio Banco de la República, que es un ente autónomo e independiente. Según explicó la entidad, la medida se tomó porque desde abril de este año el FMI ya había suspendido el acceso de Colombia a esos recursos, lo que hacía inútil mantener un acuerdo que no podía usarse.
La LCF había sido aprobada en 2024 por cerca de 8.100 millones de dólares y servía como respaldo para transmitir confianza a los mercados internacionales. Al perderla, Colombia queda con menos blindaje externo y dependerá más de sus propias reservas internacionales, que actualmente superan los 65.000 millones de dólares.
Expertos señalan que esta cancelación no implica un colapso inmediato, pero sí puede aumentar la percepción de riesgo del país entre inversionistas extranjeros. En la práctica, eso significa que pedir prestado en los mercados internacionales podría salir más caro, pues los prestamistas exigirían intereses más altos para compensar la falta de ese “seguro” del FMI.
El Banco de la República, sin embargo, insiste en que el nivel de reservas es suficiente para enfrentar eventuales choques externos y que la cancelación no afectará el cumplimiento de los pagos pactados con el Fondo.
En conclusión, el fin de la línea de crédito no es una decisión del gobierno Petro, sino del Banco de la República en respuesta a la suspensión previa del FMI. Aun así, la confianza de los inversionistas seguirá dependiendo en buena parte de las políticas económicas internas y de la capacidad del país para mantener el orden fiscal.