El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha puesto sobre la mesa un informe que examina minuciosamente los aspectos financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Este documento ha generado un intenso debate político, ya que establece que la campaña incurrió en una violación significativa de los límites de gastos permitidos por la ley electoral.
Según el informe, la campaña “Petro Presidente 2022” superó el tope máximo de gasto en más de 3.500 millones de pesos durante el período crítico entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones. Este hallazgo constituye el pilar central de las acusaciones y las sanciones que se proponen a raíz de la investigación.
Como resultado de las irregularidades, el CNE ha planteado una serie de sanciones económicas y administrativas. Estas medidas no están dirigidas al presidente en ejercicio, sino a los responsables de la gestión financiera de la campaña. El principal señalado es Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la misma y actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol. Las sanciones también se extenderían a los partidos políticos que respaldaron la candidatura, como Colombia Humana y la Unión Patriótica, exigiendo la devolución de fondos y la imposición de multas.
Es fundamental destacar que el informe del CNE no propone sanciones directas para el presidente Gustavo Petro. Esta omisión responde a una decisión de la Corte Constitucional, que ha determinado que la única entidad con potestad para investigar al presidente de la República es la Comisión de Acusación del Congreso, y no un ente electoral. A pesar de esto, la propuesta ha desencadenado una fuerte tensión política, y los analistas no descartan que el mandatario pueda calificar estos hechos como un “golpe blando” en su contra.
El futuro de estas sanciones está ahora en manos del CNE, donde la propuesta debe ser aprobada por una mayoría de seis votos para ser efectiva. El resultado final de esta votación definirá el impacto legal y político de este informe en el panorama nacional.