Esta es la radiografía completa de la situación actual de la Gran Vía, un proyecto que pasó de ser la promesa del desarrollo a estar bajo la estricta vigilancia de los organismos de control.
El origen del conflicto: ¿Por qué intervino la Contraloría?
La Contraloría General de la República decidió abrir una indagación preliminar debido a los retrasos acumulados en la Unidad Funcional 2 de la Gran Vía (la zona que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia). Aunque la obra debería estar lista hace meses, hoy presenta un avance del 85%, lo que la ha llevado a ser catalogada como un “proyecto crítico”.
La lupa del ente de control está puesta sobre la Gobernación del Atlántico, Edubar S.A. y el consorcio constructor. El objetivo es claro: determinar si las demoras han causado un daño al bolsillo de los ciudadanos y asegurar que la obra no quede abandonada.
El papel de Edubar y los retos técnicos
Edubar actúa como el gerente del proyecto. Su función ha sido coordinar la compra de terrenos (gestión predial) y negociar con las empresas de servicios públicos para mover tuberías y cables.
Según la entidad y la Gobernación, el proyecto se ha retrasado por tres razones principales:
- Suelo difícil: El terreno rocoso complicó la excavación del paso deprimido.
- Redes de servicios: Mover la infraestructura de empresas como Air-e y Triple A tomó más tiempo del previsto.
- Gestión de predios: Negociar los espacios con los propietarios del corredor universitario fue un proceso legal lento.
La confesión del contratista: ¿Se acabó la plata?
El punto más crítico de esta historia ocurrió hace pocos días. El contratista de la obra admitió públicamente que no cuenta con el presupuesto suficiente para terminar los trabajos de urbanismo.
Esto significa que, aunque hay dinero para terminar el asfalto y que pasen los carros, no hay recursos garantizados para los andenes, la iluminación y las zonas peatonales. Esta “desfinanciación” ha puesto en alerta máxima a las universidades de la zona, ya que miles de estudiantes quedarían en riesgo si la vía se entrega sin espacios para caminar.
La posición de las autoridades
A pesar de la alarma generada por el contratista, la Gobernación del Atlántico sostiene que los recursos se gestionarán mediante ajustes financieros. Su compromiso es entregar la obra completa el 30 de junio de 2026. Por ahora, la Contraloría mantiene la investigación abierta como una forma de presión: si el 30 de junio la obra no está lista y financiada, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones graves y procesos de responsabilidad fiscal.
El futuro de la movilidad en el sector universitario depende ahora de que las palabras se conviertan en hechos y de que el flujo de dinero no se detenga en este último tramo del proyecto.