El Gobierno de Gustavo Petro decretó el 23 de diciembre de 2025 la emergencia económica y social mediante el Decreto 1390, tras el rechazo en el Congreso de reformas tributarias que buscaban recaudar alrededor de $16 billones para cubrir el déficit fiscal proyectado en 7,1 % del PIB para 2025 y 2026. Esta medida permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para aumentar ingresos, principalmente a través de impuestos a grandes empresas y el sector financiero, argumentando una crisis inminente que pone en riesgo derechos básicos como la salud y la seguridad. El presidente defiende que su administración solo ha pagado deudas heredadas, especialmente las generadas durante la pandemia en el gobierno de Iván Duque, y que la medida no afecta a la clase media ni a trabajadores.
Asobancaria, el gremio bancario, ha criticado fuertemente la decisión, afirmando que carece de fundamentos jurídicos y técnicos. El presidente del gremio, Jonathan Malagón, advierte que la propuesta de una sobretasa adicional del 10 % al impuesto de renta del sector financiero (sumándose a los 5 % existentes) elevaría la tarifa total al 50 %, lo que implicaría que el Estado se quede con la mitad de las utilidades bancarias y reduzca drásticamente la competitividad del sector. Según ellos, esto encarecería los créditos para vivienda, educación y empresas, desincentivaría la inversión y frenaría el crecimiento económico en un contexto de moderada recuperación.
La controversia se centra en el origen de la deuda: durante la pandemia, el gobierno Duque aumentó la deuda pública de alrededor del 45 % al 57-60 % del PIB para financiar ayudas y vacunas, algo reconocido como necesario por muchos. El actual gobierno lo califica de “herencia irresponsable” que presiona las finanzas actuales, mientras la oposición lo defiende como una respuesta responsable a una crisis global. La Corte Constitucional revisará la constitucionalidad del decreto, pero su análisis se aplazó hasta enero de 2026 por la vacancia judicial, dejando la medida vigente por ahora y generando un intenso debate entre el Ejecutivo y los gremios privados.