El anuncio del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la interposición de una acción de tutela por parte del Centro Democrático contra el Decreto 1390 de 2025, que declara el Estado de Emergencia Económica y Social, representa un claro ejemplo de la polarización política en Colombia. Desde un análisis jurídico, esta medida opositora se basa en el argumento de que el decreto de Gustavo Petro no cumple con los requisitos constitucionales del artículo 215, que exige una perturbación grave e imprevista para justificar tales poderes extraordinarios. En lugar de una emergencia real, la oposición ve en esto un intento del gobierno de eludir al Congreso tras el fracaso de sus reformas tributarias, permitiendo imponer impuestos por la vía ejecutiva. Esta tutela, liderada por la senadora Paloma Valencia, busca una respuesta inmediata ante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, destacando la urgencia percibida por el uribismo para frenar lo que llaman un “abuso” que podría afectar la economía de millones de colombianos, especialmente en sectores como hidrocarburos y patrimonios altos.
En términos de opinión, esta acción refleja la estrategia persistente del Centro Democrático de posicionarse como guardianes de la institucionalidad, pero también podría interpretarse como una maniobra política para desgastar al gobierno de Petro en vísperas de elecciones. Si bien es válido cuestionar la declaratoria de emergencia –dado que la crisis fiscal parece más estructural que imprevista, derivada de políticas como la transición energética y el gasto social– , la tutela podría dilatarse en los tribunales, generando más incertidumbre económica en un momento crítico para el presupuesto de 2026. Personalmente, creo que este tipo de confrontaciones judiciales, aunque necesarias para el equilibrio de poderes, a menudo priorizan el enfrentamiento ideológico sobre soluciones pragmáticas, como un diálogo bipartidista para reformar el sistema tributario de manera sostenible y equitativa.
Finalmente, este episodio subraya la fragilidad de la democracia colombiana, donde las emergencias económicas se convierten en herramientas políticas en lugar de respuestas genuinas a crisis. En mi visión, el gobierno debería enfocarse en justificar mejor sus decretos con evidencia concreta de la “perturbación grave”, mientras que la oposición podría ganar credibilidad proponiendo alternativas viables en vez de solo obstruir. Al final, los verdaderos perdedores son los ciudadanos, atrapados en un ciclo de litigios que retrasan el abordaje de problemas reales como el déficit fiscal y la desigualdad, urgiendo a un cambio hacia un debate más constructivo en el panorama político nacional.