Este pacto establece nuevos precios de referencia por carga de arroz, diferenciados por regiones como los Llanos y la zona central, buscando asegurar la rentabilidad de los agricultores. Para ello, el Ministerio de Agricultura emitirá una resolución que formalizará estos precios, y se creará una comisión técnica dedicada a apoyar a los productores que vendieron su cosecha a precios bajos antes de que la medida entrara en vigor.
Más allá de los productores, el acuerdo también incluye provisiones cruciales para proteger a los consumidores. El Ministerio de Agricultura supervisará el precio final del arroz blanco para evitar aumentos inflacionarios. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) jugará un rol vital en este proceso, revisando la legalidad y la proporcionalidad de la resolución, además de monitorear su correcta implementación. Es importante destacar que esta regulación es temporal y excepcional, sujeta a las dinámicas del mercado, y representa un esfuerzo significativo para estabilizar toda la cadena productiva y comercializadora del arroz en Colombia.