Una acción de tutela presentada en Bogotá busca suspender los decretos mediante los cuales el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2026. El accionante es el ciudadano Alexander Donato Rondón, quien cuenta con la representación legal del exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, circunstancia que ha dado mayor visibilidad y relevancia jurídica al caso.
Contexto de la tutela
La tutela fue radicada el 8 de enero de 2026 y le correspondió inicialmente a un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. La acción judicial cuestiona los decretos 1469 y 1470 de 2025, que establecieron el salario mínimo mensual legal vigente en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, para un total de $2.000.000.
El argumento central de la tutela sostiene que el incremento del 23,78 % no fue producto de una concertación adecuada entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, como lo exige la ley. Según el accionante, esta situación podría generar efectos negativos en la economía, entre ellos presiones inflacionarias y mayores dificultades financieras para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
El papel de jueces y magistrados
En el trámite de una acción de tutela, la decisión inicial no recae en magistrados, sino en jueces ordinarios.
- Primera instancia: Un juez de la República emite el fallo inicial.
- Segunda instancia: En caso de impugnación, el caso es revisado por un juez de mayor jerarquía.
- Revisión eventual: La Corte Constitucional, integrada por magistrados, puede seleccionar el expediente para revisión y emitir una decisión definitiva.
El hecho de que la tutela sea presentada por un ciudadano y esté representada por un exmagistrado no implica que este último tenga poder de decisión judicial; su rol es estrictamente el de abogado. No obstante, su experiencia constitucional fortalece los argumentos y aumenta el impacto público del proceso.
Viabilidad y posibles escenarios
Desde el punto de vista jurídico, la tutela no es el mecanismo ordinario para controvertir decretos de carácter general, ya que esa competencia corresponde al Consejo de Estado, a través de demandas de nulidad. Sin embargo, la acción sí podría generar efectos inmediatos:
- Suspensión provisional: El juez podría ordenar la suspensión temporal de los decretos mientras se estudia el fondo del asunto.
- Vacío jurídico: De quedar sin efecto los decretos, el Gobierno tendría que actuar con rapidez, ya sea manteniendo de forma transitoria el salario de 2025 o expidiendo un nuevo decreto tras un proceso de concertación.
- Impacto político y social: Más allá de su resultado jurídico, la tutela ha abierto un debate nacional sobre los límites de la potestad del Ejecutivo en materia económica y la obligatoriedad de la concertación social para decisiones de alto impacto.