El año 2026 ha comenzado con una realidad alarmante para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Tras un 2025 marcado por un aumento en las detenciones, los primeros días de este año confirman que la estrategia del gobierno ha pasado de la vigilancia a la confrontación directa. El uso de tácticas militares y la fuerza letal ya no son excepciones, sino una parte creciente de la nueva política de deportación masiva.
1. Lo que está pasando (La escalada de violencia)
Los reportes de las primeras dos semanas de enero de 2026 muestran un panorama de alta peligrosidad en los operativos del ICE:
• Uso de fuerza letal: El año ha iniciado con incidentes trágicos. El 8 de enero de 2026, dos personas resultaron heridas de bala por agentes del ICE en Portland, y apenas unos días antes, una mujer murió en un tiroteo con agentes en Mineápolis. Estos hechos confirman que los agentes tienen órdenes de actuar con agresividad extrema.
• Armamento y tácticas militares: Los operativos ahora incluyen el despliegue de agentes enmascarados que utilizan gases lacrimógenos y equipos de choque en barrios residenciales. Ya no se trata solo de arrestos individuales, sino de incursiones que parecen escenarios de guerra en zonas civiles.
• Vigilancia total y tecnológica: El ICE ha comenzado a usar masivamente herramientas como el reconocimiento facial (Mobile Fortify) en las calles y lectores de matrículas para rastrear vehículos. Esto permite detener a personas en paradas de autobús o supermercados de forma instantánea.
• Ataque a la estabilidad legal: Se están realizando arrestos incluso dentro de oficinas de inmigración (USCIS), deteniendo a personas mientras asisten a sus entrevistas de residencia o ceremonias de naturalización. Nadie, sin importar su proceso actual, se siente a salvo.
2. Quiénes están intentando poner freno
A pesar del ambiente de terror, existe una contraofensiva legal y social que intenta limitar este daño:
• Los “Estados Rebeldes”: Gobernadores y alcaldes de ciudades como Chicago, Nueva York y Portland han denunciado formalmente al gobierno federal. Están utilizando sus leyes estatales para prohibir que cualquier recurso local sea usado en estos operativos violentos y para proteger sus calles de la “militarización federal”.
• Bloqueos en las Cortes: Jueces federales en varios estados han emitido suspensiones de emergencia contra las deportaciones express. Argumentan que el gobierno está violando el “debido proceso” y la Constitución al no permitir que los detenidos vean a un abogado.
• Sindicatos y Organizaciones Civiles: Grupos como la AFL-CIO y la ACLU han lanzado campañas nacionales denunciando que estas tácticas ponen en peligro a todos los trabajadores, no solo a los inmigrantes. Están presentes en los sitios de las redadas para documentar abusos y presentar demandas inmediatas.
• Resistencia Comunitaria: Se han fortalecido las redes de “Santuario” en iglesias y centros comunitarios, donde se ofrece refugio físico y asesoría legal gratuita para quienes están en riesgo inminente de ser capturados.
Ante esta nueva ola de agresividad, la única protección real es la unidad de la comunidad y el conocimiento profundo de tus derechos legales frente a cualquier autoridad.